Inconstitucional, cese de magistrado: SCJN

(Agencias)

Por unanimidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la remoción del magistrado Gabriel Sepúlveda como presidente del Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua.

La decisión del pleno de la SCJN no implica restituir a Sepúlveda Reyes en su anterior cargo, pero sí invalidar el nombramiento del actual presidente, Julio César Jiménez, pues el decreto que dio paso a su designación, fue declarado inconstitucional.

“Se entiende que al determinar el legislador local que el presidente dejaba de serlo, se violó el principio de división de poderes e independencia judicial, por ser decisión que corresponde única y exclusivamente al pleno del Tribunal Superior de Justicia”, planteó el ministro Alberto Pérez Dayán.

Tras su decisión, el máximo tribunal del país aclaró que los actos jurídicos celebrados por el magistrado Julio César Jiménez, con base en el artículo invalidado, no se verán afectados pues no se darán efectos retroactivos a las sentencias.

“Debe permanecer la validez de los actos que fueron realizados, porque no vamos a generar efectos retroactivos, ni vamos a generar ahí, estas cuestiones, y sí creo que existe la posibilidad, una libertad de los señores magistrados integrantes del tribunal de proceder, en términos de su normatividad, menos de la que está declarada invalida, a la designación de quien vaya a presidir este órgano”, explicó el ministro José Ramón Cossío.

Otro de los temas analizados ayer, fue la constitucionalidad del artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, en el que se establece como requisito para ser electo al cargo una antigüedad de cinco años.

Esta reforma promovida por se debió a que el exgobernador César Duarte, antes de dejar el cargo en 2016, promovió la renovación casi total del Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua, imponiendo al presidente y otros jueces sin experiencia.

Por mayoría se determinó que la norma impugnada es acorde con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en tanto tiene como objetivo que quien ocupe la presidencia del Tribunal Superior sea una persona con la experiencia, competencias y conocimiento suficientes en la organización jurisdiccional.

“Se deben establecer ciertos requisitos en la ley, precisamente para asegurar que no se trate únicamente de un cargo político, sino de un cargo basado en la experiencia y en el conocimiento del fruncimiento del propio Tribunal, que lo que necesita es tener un presidente”, explicó la ministra Norma Piña.

Sin embargo, ministros como Arturo Zaldívar, consideraron que dicho requisito de cinco años de antigüedad tuvo dedicatoria para excluir a un grupo de magistrados, al tiempo que se removía al entonces presidente.

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