Diálogo Político

Por Manuel Sánchez de la Madrid

 

Por mí que la quiten

Mañana domingo pudiera ser un día que registre acontecimientos que a nadie conviene, el caso de la caseta de cobro de Cuyutlán es un foco rojo, pudieran ocurrir hechos violentos que no son deseables. Por una parte, quienes organizan la campaña para que la caseta sea eliminada, por la otra, el concesionado se resiste a perderla y ha contratado a grupos de choque que ya han dado muestras de que están dispuestos a llegar a la violencia siguiendo órdenes.

Corresponde a las autoridades federales garantizar el clima de tranquilidad y paz en esa conflictiva zona, pero quizás como una precaución a fin de no tener enfrentamientos, o no se hacen presentes o se hacen los que no ven.

El llamado de los organizadores, que han estado pidiendo firmas a la ciudadanía para que mañana domingo haga acto de presencia y sea tomada la mencionada caseta, exigiendo además su retiro definitivo, puede detonar actos violentos.

El argumento de que el concesionado recuperó ya su inversión cuando edificó el puente de Tepalcates, que en realidad para eso se instaló la caseta, cuando Tribasa solicitó un crédito a un banco norteamericano y el gobierno federal autorizó la primera concesión y después se construyeron otras carreteras bajo la misma condición de privatizarlas, lo que permitió un avance y en el país se mejoraron las carreteras de cuota, siempre contando con una carretera libre.

El plazo se cumplió y la empresa constructora negoció una ampliación del convenio, lo que en condiciones convenientes para ambas partes ocurre, esto debe incluir mantenimiento y reparaciones, argumentos que deben haber sido negociados y no sólo para la carretera en cuestión, esto debe repetirse en muchas otras obras de servicio que incluyen puentes, carreteras, presas, etcétera.

Como quiera que sea, el estado de derecho debe prevalecer, qué bueno que se cancele la caseta de cobro, pero no como una presión violenta y parte de eventos políticos para llevar simpatías a aspirantes a cargos de elección. Que la quiten, y si la empresa está dentro de la ley, que la indemnice el gobierno federal y punto.

Se manejan argumentos no comprobados de que la carretera Cuyutlán a Manzanillo representa un jugoso negocio para el concesionado, y si es así y se ajusta a los parámetros oficiales, no debiera cederse a una pretensión ilegal por benéfica que fuera para los usuarios; debe llegarse a un acuerdo, revisarse los contratos que comprometieron a la empresa y al gobierno federal que, dicho sea de paso, está por una parte vendiendo un permiso y, por el otro, vigilando que el  usuario pague lo justo y reciba a cambio el uso de una y muchas carreteras con márgenes de seguridad y calidad de servicio.

Si la empresa incumple, aplica tarifas más altas, no da el mantenimiento a la carpeta asfáltica o carece del señalamiento adecuado, en fin, si da lugar a que se le cancele la multicitada concesión, que se la quiten.

Total, que debemos estar pendientes de lo que mañana ocurra, es deseable que haya prudencia, lo mismo en los que pretenden que se cancele el cobro, que en los dueños del contrato de servicio de ese tramo carretero.

A la autoridad le queda la responsabilidad de evitar que haya violencia, que no se desencadene un enfrentamiento que pudiera dar lugar a un problema que crezca y lamentemos todos.

 

 

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