Sin fuero

Por unanimidad, la Cámara de Diputados avaló en lo general reformas para eliminar el fuero constitucional a todos los servidores públicos, incluido el presidente de la República, quien podrá así ser sujeto a juicio político.

En un hecho considerado como histórico, el pleno camaral aprobó la víspera modificaciones y derogar diversas disposiciones de los ocho artículos específicos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Tras pasar por el filtro de la Cámara Baja del Congreso de la Unión, ahora deberán hacer lo propio las y los integrantes del Senado, revisando y en un momento dado ratificando el sentido del voto a favor de la propuesta aprobada ya en lo general, y en su oportunidad emprender lo conducente las legislaturas locales para aprobarla también, al margen que, dicho sea de paso, el gobernador Ignacio Peralta Sánchez  ya presentó una iniciativa sobre el particular.

Se aprecia muy positiva la iniciativa de ley de quitar la figura del fuero a los funcionarios públicos en sus tres niveles, la cual los ha amparado para cometer todo tipo de artimañas y subterfugios sin recibir el castigo correspondiente, aunado que esta protección ha sido una de las acciones que ha provocado el aumento dl flagelo de la corrupción en México.

Luego entonces, ya es tiempo de que los servidores públicos, llámese presidentes, gobernadores, senadores, diputados federales,  legisladores locales, alcaldes, síndicos o regidores, sean igual que todos los habitantes de este país, porque la pregunta obligada es: ¿Por qué tienen que tener una protección especial? Si se conducen con rectitud, transparencia y solvencia moral, no tienen nada que temer.

Hay que recordar que la figura del fuero se estableció en México en los años en que los políticos eran perseguidos por gobiernos que no querían la democracia nacional, como lo sufrieron Benito Juárez, Melchor Ocampo, Morelos y muchos otros que lucharon porque el país fuera realmente independiente y libre.

Pero antaño el fuero era necesario en virtud de que había causas justas para cuidar a quienes luchaban porque los connacionales tuvieran un México mejor, pero esta protección fue perdiendo sentido al grado de convertirse en  dique para deslindar responsabilidades o en patente de corso para los políticos para enriquecerse a costa del erario sin ser detenidos y castigados por la justicia.

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