Nabor Ochoa: Caseta de Cuyutlan trabaja ilegal

(Jesús Murguía Rubio)

Al considerar como ilegal y abusiva la ampliación de la concesión otorgada por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) a la empresa  Pinfra, S.A. de C.V. que mantiene la caseta de cobro en el tramo Manzanillo-Armería de la autopista hacia Guadalajara, el Congreso del Estado, a través de un exhorto al Ejecutivo estatal, exigen se solicite la revocación de la concesión.

 

En este sentido, el Diputado local Nabor Ochoa López (PVEM) aseveró que en sesión ordinaria, el punto de acuerdo presentado por él fue aprobado por unanimidad de los legisladores.

 

En él, señaló en conferencia de prensa que “la SCT le otorgó la concesión a la empresa Tribasa –que después cambió el nombre a Pinfra – en noviembre de 1990 por un periodo de 9 años y tres meses en un tramo de 37 kilómetros bajo una ley de Vías Generales de Comunicación vigente en esa década cuyo artículo 146 establecía que las concesiones no pueden ser mayores a un plazo de 20 años”.

 

Abundó también que la SCT aprobó una primera prórroga a la concesión hasta por 24 años en 1994, esto, dijo, a pesar de la ilegalidad de la misma, pero “no obstante esa situación, se le otorgó 5 ampliaciones más que el plazo vence hasta el 2030.

 

Calificó  Nabor Ochoa como una ‘aberración’ la última concesión otorgada a esta empresa, pues dijo la SCT fue demandada por otra concesionaria en el estado de Tlaxcala ya que no cerró los accesos a una carretera concesionada y esa empresa no recuperó la inversión al tener poca afluencia vehicular.

 

“La SCT le ofreció a Pinfra la concesión de Tlaxcala pagando dos mil millones de pesos y como compensación le aprobó la ampliación hasta del 2050 de la concesión en la autopista de Manzanillo-Colima”, expresó.

 

Además, informó de acuerdo a Manuel Pérez, representante de Pinfra, el peaje de la caseta de cobro de Manzanillo-Armería genera una ganancia de 500 millones de pesos anuales “con lo que en 4 años sacan el adeudo”.

 

Finalmente expuso el legislador existen una serie de irregularidades en la autopista por parte de la empresa, pues “no hay baños públicos y con ello el riesgo de accidentes, además de que la empresa no cumple con las especificaciones del seguro otorgado al pagar la cuota de peaje para los usuarios”, concluyó. 

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