Reconocimiento a la PGJE

Las Procuradurías Generales de Justicia en los estados del país tienen las facultades y obligaciones que específicamente le confiere la Constitución Política del Estado y las Leyes Orgánicas de cada una de ellas en las entidades federativas.

Entre sus responsabilidades, se pueden citar, entre otras, controlar la acción penal que ejercitan los órganos legalmente competentes; vigilar el respeto a las leyes por parte de las autoridades y, en su caso, proponer al Ejecutivo la adopción de medidas administrativas adecuadas para tal fin; hacer cesar la comisión de los delitos con la debida eficacia y oportunidad; proponer al Ejecutivo el nombramiento o la remoción de los Agentes del Ministerio Público, así como el cambio de adscripción de los mismos; coordinar su actuación con las autoridades federales en la investigación de los delitos; y coordinarse con la Secretaría de Seguridad Pública lo relativo a la estadística y medios de identificación de personas sujetas a proceso de carácter penal.

Lo anterior viene a colación porque, la víspera, se informó que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Colima es la segunda mejor evaluada del país por su desempeño, de acuerdo al resultado de un estudio elaborado por la organización “Impunidad Cero”, el cual identifica y compara el desempeño de las procuradurías o fiscalías de las 32 entidades federativas, mediante el análisis de ocho indicadores cuantitativos y cualitativos compuestos por 23 variables.

En información que publica esta Casa Editora en su edición de hoy de nota principal, se especifica que el estudio refiere que en la escala de 1 a 100, la de Chihuahua es la mejor evaluada con un indicador de 74.37 puntos, seguida por Colima con 65.65; Yucatán, 64.37; Guanajuato, 63.99; y Nuevo León, 61.13.

Según el estudio, Colima tiene una Procuraduría de Justicia con uno de los mejores desempeños del país, puesto que sus agencias del Ministerio Público son las que atienden más rápido las denuncias ciudadanas y su porcentaje de resolución de casos, aunado la ejecución de órdenes de aprehensión -respecto a los demás estados- es elevado.

Asimismo, se expone que, en comparación con la edición anterior de este estudio, Colima, Campeche, Querétaro y Coahuila son las procuradurías que más avanzaron; mientras que el mayor desplome es la de Baja California, que pasó del puesto 5 al 21, propiciado por su bajo cumplimiento de órdenes de aprehensión, mientras que Colima avanzó nueve con respecto del lugar que ocupaba en 2017.

Se debe reconocer en su justa dimensión este logro y ojalá se mantenga Colima en esta dinámica y continúe en ascenso la Procuraduría de Justicia, lo que se debe a las acciones y estrategias implementadas por el actual titular, Gabriel Verduzco Rodríguez, pero sobre todo por las políticas públicas e instrucciones que ha recibido en tal sentido del gobernador Ignacio Peralta Sánchez en torno a que la seguridad es prioridad y la tolerancia cero al respecto.

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