Caldero Político

Etapa contenciosa: última etapa del proceso electoral

Ya termino el proceso electoral local y los Consejos Municipales y el Consejo General en el Estado vienen emitiendo y aprobando los resultados en los cómputos distritales, plurinominales y municipales del pasado proceso electoral local. Con ello ha quedado claro, que algunos ex candidatos al no quedar conforme con los resultados y la aprobación que los Consejos Municipales electoralmente han aprobado, queda una última etapa como lo es; la contenciosa jurídica que es aquella donde los actores inconformes y partidos políticos tienen derecho formal y legal a impugnar el proceso electoral en comento por anomalías o violaciones flagrantes a la normatividad electoral misma.

Haciendo un breve recuento histórico y recordando la reforma político electoral del año de 1996, uno de los elementos nodales de dicha reforma fue la autonomía del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y sus Tribunales locales electorales. Se forjo una creación para un tipo de justicia electoral renovada y autónoma por los controles que establece, porque se consolidó su independencia del Poder Ejecutivo y se incorporó al Poder Judicial, adquiriendo nuevas facultades y porque sus procedimientos brindan ahora mayor certeza para la defensa de los intereses de los partidos es decir, se reforzó la etapa contenciosa para que partidos políticos y coaliciones en conjunto con los ex candidatos, tuvieran esta última prerrogativa jurídica de impugnar una elección si se comprueba las faltas a la normatividad electoral.

Esta última etapa es la garante legal de si los partidos a nivel nacional y local consideran que han sido atropellados por alguna decisión del organismo operativo electoral, puedan recurrir al Tribunal para que éste dé la última palabra (esto es lo que los abogados llaman “control de legalidad contenciosa o de constitucionalidad”). Un ejemplo de esta reforma es que la designación de los magistrados ya no corre a cargo del Presidente de la República; son votados en la Cámara de Senadores a propuesta de la Suprema Corte, con lo cual se concreta su cabal independencia del Ejecutivo.

Por otro lado, es una estructura de justicia que ya no está limitada a atender los problemas de índole federal sino que puede ser recurrida por causa de conflictos locales; tratando de extender, sin cortapisas, el control de constitucionalidad a los actos de todas las autoridades electorales estatales, sin excepción. Y finalmente, la ley agrega nuevos procedimientos de defensa, nuevas vías legales para encauzar los reclamos político-electorales tanto para los ciudadanos como para los partidos. La ley es muy clara, si han sido violentados las normas electorales en una contienda política que pueda revertir el resultado de un proceso electoral nacional o local, los actores demandantes deberán de exhibir y presentar documentales y testimoniales físicas que sean causales de nulidad de dicha elección y de ser estas procedentes; analizarlas los Ministros en el concierto nacional y Magistrados en la esfera local, con el objeto de darle entrada formal y procedimental a dicha impugnación.

Es así que el TRIFE y los Tribunales Electorales locales tienen la obligación formal en salvaguardar los derechos políticos de los ciudadanos y de los partidos políticos para resolver conflictos electorales. Pero su función primordial es garantizar que todos los actos del INE y los Organismos Electorales Locales, se apeguen a las disposiciones legales y al marco constitucional. Por eso el INE y los Organismos locales electorales, no son una autoridad todopoderosa ni la última opción formal, existe otra instancia que corrige o afirma sus decisiones. Por ende, las inconformidades hallan cauce, ya no tanto en la prensa o en las calles, sino a través de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación. De tal suerte que la última etapa del proceso electoral queda en manos de un órgano independiente y distinto del Instituto Nacional Electoral y de los Organismos Electorales localmente hablando. Se trata de un diseño institucional eminentemente jurídico que otorga certeza a los partidos políticos y a los ciudadanos. En esta tesitura, después de la jornada electoral, una vez que se realizó la declaración de validez de las elecciones y se otorgan las constancias de mayoría a los candidatos ganadores, los partidos todavía pueden solicitar al Tribunal que declare la nulidad parcial o total de una  elección de una casilla o en todo un distrito electoral por irregularidades durante la jornada. Entonces estaremos pendientes de esta última etapa contenciosa jurídica electoralmente, para ejercer el análisis político, jurídico, plural y objetivo de ello.

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