Fiscal general

Uno de los principales objetivos del nuevo fiscal general es combatir el alto índice de impunidad en el país, así como garantizar el acceso de los ciudadanos a una procuración de justicia eficaz.

La autonomía del órgano encargado de perseguir los delitos en el concierto nacional, ha sido una meta esperada desde hace tiempo, dado que el Ministerio Público, formalmente, debe representar a la sociedad en lo general y a las personas que en particular sean víctimas de algún ilícito.

Dicho de otro modo, el MP es el abogado de los ciudadanos y encargado de acusar a los delincuentes ante los tribunales, de ahí la importancia que reviste el nombramiento del nuevo fiscal general, tanto de los estados como el de la República, que suplirían a los titulares de la PGJE y de la PGR.

En México,  hasta antes de 1994, los Ministerios Públicos no sólo debían acusar a los delincuentes ante los tribunales, sino también tenían la obligación expresa y no tácita de representar jurídicamente al Poder Ejecutivo.

Esta dualidad de funciones de un modo u otro implica, de facto, situaciones que conculcan derechos ciudadanos, sobre todo cuando alguna institución gubernamental o sus titulares cometen algún delito, aunque en el estado de Colima, es oportuno consignarlo, se han respetado y se respetan las instituciones e instancias gubernamentales.

En esta dinámica están inmersos -la de apoyar- algunos sectores de la sociedad y organizaciones civiles, productivas y  empresariales, como por ejemplo la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), impulsando la iniciativa #102, cuyo objetivo es reformar este artículo constitucional y no sean a designación del Poder Ejecutivo (tanto federal como estatales) quienes decidan quién estará al frente de estas instituciones.

La iniciativa ciudadana “Reforma 102” debe ser compartida por la sociedad en general, donde el denominador común, el propósito medular es que en lo sucesivo no se contemple más el denominado “fiscal carnal”.

 

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