Proponen Ejecutivo y Legislativo reducir financiamiento a partidos

(Redacción)

Para reducir en 50.76 por ciento el financiamiento público a los partidos políticos, el Congreso del Estado envió al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Ley General de Partidos Políticos.

La iniciativa de reforma constitucional, iniciada por el gobernador José Ignacio  Peralta Sánchez, propone que el financiamiento público de los partidos políticos se fije anualmente multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el 33 por ciento del valor de la Unidad de Medida y Actualización.

El titular del Poder Ejecutivo del Estado indicó en la exposición de su iniciativa, que de fijarse el financiamiento público a los partidos políticos con la ecuación por él propuesta, éste tendría una reducción del 50.76 por ciento.

Recordó que la actual redacción del artículo 41 fracción ll inciso a) de la Constitución Mexicana, dispone que el financiamiento público para los partidos políticos se fijará anualmente multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el 65 por ciento del valor de la Unidad de Medida y Actualización.

Héctor Magaña Lara, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, al presentar el acuerdo para turnar  la iniciativa al Congreso de la Unión, estimó importante que los partidos políticos ejecuten sus actividades con fuentes de financiamiento racionales, acotadas, transparentes y fiscalizables.

Sin embargo, consideró que los recursos públicos destinados a los partidos políticos han generado menoscabo a las finanzas públicas de la Nación por lo cuantioso de éstos,  por lo que deben estar sujetos a límites más razonables, de auténtica austeridad republicana.

Finalmente, Magaña Lara, en coincidencia con el iniciador, expresó que el sistema de financiamiento a los partidos políticos debe adecuarse a la realidad económica y social que impera en México, para que dé como resultado un financiamiento apegado a una política de austeridad para todos los órdenes de gobierno.

 

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