Caldero Político

64 Legislatura Federal: estado de bienestar y un congreso insuperable

 

Juan Ángel Magaña

El fin de semana los ciudadanos mexicanos y mexicanas así como el suscrito estudioso de los debates deliberativos y parlamentarios, pudimos observar un Congreso federal que inició sus trabajos con posicionamientos interesantes de lo que será la labor legislativa de todas las fuerzas políticas en el Poder Legislativo Federal, y claro ésta; que la Glosa del Sexto y último Informe de Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto será una de esas tareas parlamentarias. La nueva mayoría parlamentaria en San Lázaro,  Morena definió que el primero de julio el poder regresó al pueblo y que, con la instalación de esa 64 Legislatura se termina un régimen y se cierra el ciclo del desmantelamiento del estado de bienestar. Nuestro paisano y Coordinador Parlamentario de MORENA Mario Delgado Carrillo, sostuvo que el balance del gobierno de Enrique Peña Nieto hizo que la sociedad llevará al poder al Presidente Electo más votado de la historia, Andrés Manuel López Obrador.  Pero también, llamó mucho la atención el discurso leído por el Presidente del Congreso General en dicha sesión en la voz de Porfirio Muñoz Ledo, donde afirmó que: “la reconciliación es un método para construir juntos, pero no un subterfugio para olvidar. Nadie puede abolir la historia, ejercemos tanto el derecho a la memoria como el don de la tolerancia, y acatamos el imperativo de la justicia. ¡Es la hora cero de la nueva República!.” En el entendido de que la lucha histórica ha sido el baluarte de los ciudadanos mexicanos que han venido encabezando las luchas políticas y sociales con el fin de llegar al Poder y servir desde éste, a la ciudadanía ejerciendo el bienestar colectivo. En aquellos años anteriores Porfirio Muñoz Ledo forjó su propia historia, al contestar un tercer informe de gobierno presidencial de Ernesto Zedillo Ponce de León en el año de1997, y en ese entonces mantuvo la calma y  mantuvo su papel parlamentario y republicano. Así mismo, enfatizo en su discurso el Presidente de la Cámara Baja que: “Se empieza a consumar la transición democrática iniciada desde hace 30 años por la ciudadanía emergente, sus organizaciones y la oposición política al antiguo régimen”. En este contexto, soberanamente los llamativos posicionamientos que enarbolaron el debate deliberativo entre todas las fuerzas políticas que conforman la 64 Legislatura Federal, incluyendo en ella a los parlamentarios sin partido (Independientes), percibimos que la perspectiva utilitaria será la de reivindicar la función del Legislador y con ello la representatividad soberana y constitucional que tiene el Poder Legislativo Federal.  Una nueva Legislatura fundacional, es lo que compromete a Morena y a los grupos parlamentarios aliados, en pro de ejercer un Congreso soberano que enarbole e incentive la división de poderes y ejerza su facultad de control; que dignifique al poder del legislador, que termine con los fueros y los privilegios, abriendo las puertas a los ciudadanos, donde el Congreso  vuelva a “ser la casa del pueblo”. Si recordamos la Teoría y filosofía Política de Montesquieu en este razonamiento de los legisladores dentro de algunos de los posicionamientos vertidos este fin de semana; Montesquieu elaboró su teoría y filosofía política de la separación de los poderes del Estado en base a la realización de la libertad como objetivo político. En uno de los breves capítulos que introducen su estudio sobre la Constitución inglesa, el autor ofrece una de sus más célebres definiciones: “En un Estado, es decir, en una sociedad en la que hay leyes, la libertad sólo puede consistir en poder hacer lo que se debe querer y en no estar obligado a hacer lo que no se debe querer” (Montesquieu, 2003: 204). El estudio de Montesquieu dedicado a la separación de poderes se inicia con el planteamiento de un problema fundamental para la realización de la libertad: el poder político que puede y debe garantizarla constituye en sí mismo, un peligro para la libertad. Sin embargo, en la misma fórmula en la que el autor resume el problema del poder anuncia también su solución: “Es una experiencia eterna que todo hombre que tiene poder siente inclinación a abusar de él, yendo hasta donde encuentra límites”.  La cuestión radica entonces, en encontrar una forma de limitar el poder que no invalide su función como expresión y garante de la libertad de los ciudadanos. Este es el problema al que pretendió dar respuesta la Constitución inglesa descrita por Montesquieu, a partir de un sistema de distribución jurídica y social de las funciones del Estado que permite que “el poder mismo contrarreste el poder”. Así el sistema jurídico distribuye el poder del Estado en tres órganos: el Legislativo, representante de la voluntad general del pueblo que expresa a través de las leyes; el Ejecutivo, encargado de dar cumplimiento a dicha voluntad, y el Judicial, que juzga los delitos y las diferencias entre particulares. Pero, además, el sistema comprende una serie de facultades y procedimientos que permiten que estos órganos específicamente el Legislativo y el Ejecutivo, participen de otro poder sin confundirse con él. El Legislativo tiene la facultad de examinar las acciones del Ejecutivo y puede acusar a los ministros si considera que no actúan en conformidad con lo dispuesto en la ley. El Ejecutivo, por su parte, participa del Poder Legislativo a través del derecho a veto que le permite rechazar las resoluciones del órgano legislador. Del mismo modo, el Legislativo sólo puede sesionar a instancias del Ejecutivo que lo convoca y durante el período que este disponga; pero el Ejecutivo está obligado a convocarlo al menos una vez al año, para que resuelva sobre la recaudación de impuestos y las fuerzas armadas. Por último, el Poder Judicial asume su papel en tres instancias: 1) cuando la aplicación de una ley implique una rigurosidad mayor que aquella que esta ley se proponía establecer; 2) cuando un particular viole los derechos del pueblo en un asunto público y, 3) cuando el acusado sea calumniado en forma injustificada y sin un defensor legal que lo represente. Por ello se entiende las reformas que emprenderán a los artículos 127 y 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objeto de regular que ningún funcionario público gane más que el Presidente y definan que el  Poder Ejecutivo pueda ser acusado por delitos electorales y de corrupción. En fin, observamos un inicio interesante de lo que serán los trabajos legislativos en el nuevo Congreso Federal, pero también percibimos en forma respetuosa que, Porfirio Muñoz Ledo aún con los años que ostenta las palabras filosóficas y teóricas no se olvidan jamás; la destreza legislativa en conducir la asamblea, la vitamina del poder hace lo suyo y  lo vuelve el político sagaz,  que ha visto pasar muchas veces como actor central la historia reciente y que hoy forma parte de ella. Deseamos que les vaya bien a nuestros legisladores federales, pues si a ellos les va bien dentro de sus responsabilidades legislativas, a México y Colima también le irán bien, eso es lo que deseamos y como siempre a eso le apostaremos.

 

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