Pensiones

El Congreso local aprobó el reciente jueves la nueva Ley del Sistema de Pensiones del Gobierno del Estado, cuya iniciativa, valga consignar, fue aprobada por mayoría de las y los diputados, con 22 votos a favor y una abstención.

Entrará el 11 de enero de2019 en vigor y abrogará la Ley de Pensiones Civiles para el Estado de Colima publicada en el Periódico Oficial  el 29 de diciembre de 1962.

El Instituto de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado será un organismo público descentralizado, encargado de operar el Sistema de Pensiones de los servidores públicos del Estado y de los municipios, desvinculado de la esfera de  autoridad y de los Poderes, dotado de personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica y de gestión.

Es válido decir que aun con todas las modificaciones hechas por los integrantes de la LVIII Legislatura, se mantendrá el otorgamiento de préstamos personales e hipotecarios, pero con base a nuevas condicionantes que no pongan en riesgo las cuentas institucionales para el pago de pensiones.

Hay que recordar que una pensión es una prestación económica que reciben mensualmente los trabajadores, dependientes o independientes, en el momento de su retiro laboral con base en los aportes que hicieron a un fondo de pensión de carácter obligatoria durante su vida laboral.

La pensión puede ser por vejez, cuando se recibe al término de las semanas, años cotizados y lo acumulado en el Fondo de Pensiones; de invalidez, cuando hay incapacidad en más del 50% para laborar; o de sobrevivencia, cuando el trabajador muere y la reciben sus familiares.

De igual manera, se tienen considerados nuevos lineamientos para la obtención de créditos, mismos que, de facto, darán orden y certeza a los servidores  públicos que los soliciten, así como medidas para asegurar la recuperación de la cartera.

En términos generales, con sus excepciones, es positiva la nueva ley que, si se lleva a la práctica el replanteamiento de este documento, rendirá frutos y beneficios para los trabajadores, pues está orientada a fortalecer ésta, así como dotar al instituto de las herramientas y elementos técnicos jurídicos para garantizar los recursos por cuotas y aportaciones.

Es plausible que a cuotas y aportaciones se les dé el carácter fiscal,- pues así el Instituto tendría derecho a fiscalizar a las entidades aportantes, y en caso de mora de las entidades patronales, habría recargos, sanciones y, sobre todo, responsabilidades administrativas y legales.

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