Carta el editor

POSICIONAMIENTO DEL LIC. GUSTAVO ALLEN URSÚA CALVARIO RESPECTO A LA RESOLUCIÓN ABSOLUTORIA A SU FAVOR, EMITIDA POR LA COMISIÓN COMPETENTE DEL CASO DEL H. CONGRESO ESTADO DE COLIMA.

Ajustándonos a lo que señala la Ley de Imprenta, insertamos líneas abajo el documento que nos ha enviado el Lic. Gustavo Allen Ursúa Calvario.

 

“El Órgano de Fiscalización del Congreso de Colima y posteriormente la comisión legislativa respectiva de la legislatura, se dieron a la tarea de lanzar una acusación en contra de diversos servidores públicos de la administración precedente, llegando al absurdo de pronunciarse respecto a la actuación del suscrito a la sazón titular del entonces denominado “C4”, cuya supervisión en cuentas y actuación corre a cargo en exclusiva de la Auditoría Superior de la Federación.

“Tras un largo “ viacrucis” que pasó por la interposición de amparos por violación de esferas de competencia y vulneraciones al derecho al “buen nombre” que al efecto se contempla en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, denuncias penales por ejercicio indebido de atribuciones ante la instancia ministerial competente del caso, demandas de juicio político ante el Congreso de la Unión, y diversas declaraciones ante la opinión pública; finalmente; el fallo definitivo de la comisión de responsabilidades administrativas de la legislatura, ha determinado la plena exoneración  respecto a los señalamientos de que fuera objeto en su momento.

“Señalamientos dolosos por decir lo menos y que corrieron a cuenta del defenestrado titular del Órgano de Fiscalización y de los integrantes de la Comisión de Hacienda de la legislatura hasta hace unos días en funciones, que de manera pública y en claro menoscabo de la fama de una de persona de bien como se precia en serlo el suscrito.

“Los integrantes de la legislatura saliente, por lo demás, no habrán de escudarse legítimamente en la disposición constitucional que establece que los legisladores son irresponsables por las opiniones emitidas en el ejercicio de sus encargos, precisamente por  no habrían actuado en tal ejercicio sino invadiendo esferas competenciales, tal y como lo habría desentrañado a cabalidad desde el siglo XIX don Eduardo Ruiz, primer procurador de justicia de la República, invocando criterios de Joseph Story emitidos como integrante destacado de la Corte Suprema de los Estados Unidos.

“Actuación dolosa que derivó en la ruptura de equilibrios administrativos y políticos en el estado que en mucho han contribuido a hundir a Colima en la violencia generalizada que hoy padece y que, incluso permiten avizorar una situación generalizada de ingobernabilidad.

“Las acusaciones falsas en mi contra, difundidas con bombo y platillo en su momento, no redundaron solamente en la afectación a mi derecho al “buen nombre” al efecto consagrado por lo demás en instrumentos internacionales signados por el estado mexicano, sino que, aunada al conjunto de acusaciones  fundadas o no algunas de ellas, pero todas exhibidas de manera ostentosa por los integrantes de la legislatura saliente y por el otrora titular el osafig sin guardar la debida prudencia y discreción que debe acompañar a toda indagatoria; habría redundado, insisto, en contribuir de manera decidida a lo que podemos bien calificar como una verdadera crisis social en la entidad.

“Por lo que, en consecuencia, y dadas las consideraciones del caso, habrán de ser emprendidas las acciones que en consecuencia se desprendan de la legislación vigente en el estado de Colima, independientemente de que la opinión pública señale y fustigue a la voluntad política que habría determinado una “cacería de brujas” que hoy se disipa entre las brumas en tanto la violencia de enseñorea en la entidad”.

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