Trabajo de la Fiscalía

Las investigaciones que la Fiscalía General del Estado llevó a cabo desde hace algunas semanas en Tecomán, Colima, permitieron la recuperación de 19 cuerpos sin vida en 11 fosas clandestinas localizadas en la comunidad de Santa Rosa de dicho municipio.

En efecto, la labor de inteligencia en estas investigaciones permitió al juez correspondiente librar la orden de cateo, la cual fue ejecutada el pasado domingo en un predio de la citada población tecomense, donde el Ministerio Público del Fuero Común encontró once fosas clandestinas y en ellas el número de cadáveres ya señalado.

Ante ello, de acuerdo a lo que informó la víspera sobre el particular la FGE, los cuerpos de los hoy occisos fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia de ley e iniciar el proceso de identificación a través de la confronta de muestras genéticas con el banco de ADN, a fin de determinar si alguna de estas personas se encontraba reportada como desaparecida. Bien por la Fiscalía.

Le asiste la razón jurídica a la instancia autónoma que encabeza Gabriel Verduzco Rodríguez cuando precisa en el comunicado oficial de prensa enviado este martes a los medios masivos de comunicación que “con el objetivo de no entorpecer las investigaciones y respetar la secrecía que la ley exige para estos casos, la Fiscalía General del Estado emitirá información al respecto sólo cuando existan condiciones legales que así lo permitan”.

El propio gobernador José Ignacio Peralta Sánchez confirmó ayer los hechos al ser entrevistado sobre el vértice, quien de igual manera expuso la necesidad -al margen de las pesquisas que den con el los responsables- de integrar una Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, pues Colima es uno de los 20 estados del país en donde no se ha conformado, por lo que ya solicitó al fiscal Gabriel Verduzco se establezca ésta.

Independientemente de las acciones que lleven a efecto las instancias competentes en materia de seguridad en los tres niveles de gobierno, es fundamental se dé en los hechos el rol activo de las y los ciudadanos a través del principio de la corresponsabilidad que, valga hacer hincapié, busque un bienestar colectivo.

La participación ciudadana y la prevención son, más que nunca, claves en la seguridad pública.

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